El Congreso del Estado de Veracruz incumplió con la Ley al haberle negado al Poder Judicial la aprobación de un Presupuesto mínimo del 2 por ciento del Presupuesto General de todo el Gobierno, indicó el Presidente del Poder Judicial en la entidad, Edel Álvarez Peña.
En la reunión semanal que sostiene el Magistrado Presidente con periodistas, también confirmó que "tiene conocimiento" que al menos tres ex funcionarios del periodo de Gobierno duartista, estarían siendo objeto de investigaciones: Tarek Abdalá, ex funcionario de Sefiplan y hoy diputado federal, de quien dijo, "se espera que primero se promueva un juicio de desafuero"; también se refirió a Mauricio Audirac, ex titular del ORFIS y ex funcionario de SEFIPLAN igualmente, y por último, del detenido Luis Bustos.
Edel Álvarez dijo que el Poder Judicial de Veracruz espera pronta respuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la controversia constitucional que promovió, para que el Congreso del Estado le reintegre el total del presupuesto que le corresponde por ley.
Dijo que ahora todo depende de la Suprema Corte; que la controversia se presentó el pasado jueves 19 y se está a la espera de una pronta respuesta para que se ordene al Congreso otorgue al Poder Judicial mínimo el dos por ciento del Presupuesto General del Estado.
Comentó que el Congreso lo notificará y será el Ejecutivo quien señale en qué condiciones está para cumplir este compromiso.
INSUFICIENTES, LOS RECURSOS QUE RECIBE
Señaló que hasta el momento los recursos están llegando por ministración mensual, de acuerdo al presupuesto que se autorizó, pero resultan insuficientes.
En cuanto a los desacuerdos que al respecto han expresado algunos diputados locales, mencionó que son “muy respetables” sus opiniones, pero lo cierto es que constitucionalmente el Poder Judicial tiene derecho mínimo a un dos por ciento del presupuesto general.
“Nosotros apelamos simplemente a lo que nos corresponde. Las discusiones y diferencias entre los legisladores son muy respetables”, expresó; pero insistió en que una cosa es la violación a la ley y otra determinar si existen los recursos para cumplir la disposición”.
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